Autora: Ana Luisa Nerio Monroy[1]
Agosto 2022
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante la Convención), fue adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Se trata del primer instrumento internacional de derechos humanos, jurídicamente vinculante, que protege a este grupo de la población, que sustituye la antigua visión asistencialista por un enfoque que reconoce a mujeres y hombres mayores como sujetos de derechos.
El Estado Mexicano no ha firmado ni ratificado esta Convención. Siete años después, organizaciones civiles, colectivos, académicos y distintos personajes de la vida pública nacional siguen solicitando tanto al Poder Ejecutivo Federal como al Senado de la República, se realice el procedimiento que marca nuestro marco jurídico para por fin, ser Estados Parte en este instrumento internacional de derechos humanos.
Datos del 2020 elaborados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), indican que en México residían 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 12 por ciento de la población total. Por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores. Es de llamar la atención que la Ciudad de México tiene un proceso de envejecimiento mayor al de otras entidades (90 adultos mayores por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años), lo que puede responder a la concentración de población en esta urbe. En México, casi tres millones de personas adultas mayores (20 por ciento) no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud, lo que significa un importante reto para gozar del derecho a la salud integral y una vida digna.
Existe un mayor índice de sobrevivencia femenina, por lo que hay más mujeres adultas mayores que hombres en todos los segmentos de edad (60-69 y 70-79), destacando que la proporción es ligeramente más alta en las mujeres de 80 años y más. Las mujeres mayores requieren cuidados diferenciados a los de los hombres debido a sus características biológicas y reproductivas. Asimismo, las tareas que tradicionalmente desempeñan dentro de los hogares como son la crianza y cuidado de la familia y enfermos, han generado desigualdad social y económica ya que muchas no son económicamente independientes o autónomas. La violencia física, emocional, económica y patrimonial es otro grave problema que enfrentan las mujeres mayores.
En México, de acuerdo a datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y comisiones estatales como al de la Ciudad de México (CDHCM), la edad, y en este caso ser una persona mayor es una de las principales causas de discriminación.
La consciencia de que el envejecimiento de la población genera retos importantes para los Estados, incentivó varias reuniones, consensos, y declaraciones encaminadas a proteger a los derechos de las personas mayores desde la década de los noventa del Siglo XX. A la fecha no se ha conseguido un instrumento vinculante para este grupo de población dentro del sistema de las Naciones Unidas. En cambio, dentro del Continente Americano, organizaciones de la sociedad civil, colectivos, activistas e integrantes del sector académico, propusieron la creación de la Convención desde el año 2010 y realizaron distintos aportes para darle contenido al documento que vio la luz en 2015.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores tiene por objeto “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. Define a la persona mayor como “aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor”.
Si bien, difícilmente un gobierno se pronunciaría en contra de los derechos de las personas mayores y muchos inclusive han contado o cuentan con programas sociales para apoyar el derecho a la salud, la alimentación, la educación el trabajo y en general el envejecimiento activo y digno, en los hechos este grupo de la población, sigue enfrentando problemas de desigualdad socioeconómica y, sobre todo, de discriminación.
La pregunta que queda en el aire es ¿Por qué México no ha ratificado esta Convención? Si es verdad como se dice que las personas mayores “las y los viejitos” son una prioridad y se reconoce que tenemos una deuda histórica y social con estas personas, ¿Qué impide seamos Estado Parte de este instrumento? La Convención establece obligaciones para los Estados Parte y cuenta con un mecanismo monitorea su aplicación ¿Puede ser esa la causa? México ya cuenta con programas de apoyo directo e indirecto para las personas mayores…entonces ¿Qué es lo que pasa? De momento lo único cierto es que siete años después de su creación, México sigue sin firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y si bien contar con este instrumento, como muchos otros de protección de los derechos humanos, no va a cambiar la situación o eliminar las violaciones a los derechos de las personas mayores como por arte de magia, sí es un avance que fortalece el reconocimiento de un grupo de población cada vez más amplio y visible. Todas y todos vamos a envejecer. La cuestión es si tendremos una vejez digna.
[1] Ana Luisa Nerio Monroy. Mtra. en Relaciones Internacionales (UNAM). Integrante del Consejo Asesor del Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C. Consultora en temas de derechos humanos y género.
Comité de Derechos Humanos Ajusco 