María de los Ángeles Fuentes Vera
El pasado 13 de julio de 2017 se realizó el “Censo de Poblaciones Callejeras” coordinado por el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), esfuerzo que es importante valorar, porque las instituciones se vincularon con organizaciones civiles de reconocida trayectoria.
De acuerdo con los resultados preliminares, en la Ciudad de México existen 100 puntos de alta concentración (con más de 5 personas en calle) y 346 puntos de baja concentración (donde hay menos de 5 personas). En suma, en estos 446 puntos hay 6,754 personas en situación de calle.
De ellas, 4,354 se ubicaron en el espacio público y 2,400 en albergues públicos y privados. De las 6,754 personas censadas en calle, solamente 270 personas son mayores de 60 años.
Sin embargo consideramos que en la CDMX debe haber más de 270 personas mayores en situación de calle. Lo grave es que en los próximos años –y de seguir con la actual tendencia de nula o pésima atención a las personas mayores, tanto por parte de entidades gubernamentales, pero principalmente en el seno familiar– su expulsión hacia la calle aumentará exponencialmente.
La expulsión a la calle.
Al participar en el Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento en 2017, Margarita Maass Moreno –investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM—indicó que “el aislamiento de las personas mayores es cada vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad y caracterizada por procesos de deshumanización en muchos sentidos”.
En 2014 Gabriela Fuentes y Fernando Flores realizaron una investigación para la Universidad Autónoma del Estado de México UAEM que vincula directamente al maltrato con su consiguiente expulsión a calle. El estudio afirma que se presenta un rompimiento de la persona mayor con su entorno (ya sea familiar o comunitario) que
“[…] obedece a un conjunto de factores: violencia, maltrato y abuso sexual, pobreza e insuficiencia de recursos materiales, abandono, sobrecarga de tareas en el hogar. Lejos de las explicaciones absolutistas que enfatizan un solo factor (económico, psicológico, etc.), esta salida representa un fenómeno multicausal […]”.
Los investigadores plantean una serie de dimensiones que se entrelazan en detrimento de la persona mayor que le orillan a vivir y sobrevivir en calle.
“[…] Dimensión sociopolítica: cuando las personas se encuentran sin protección social, tampoco tienen acceso a una vivienda digna, ni a un trabajo estable. Son personas cuyo derecho a la justicia y a la dignidad humana no es reconocido”.
Dimensión tecno-económica se refiere cuando las personas excluidas son quienes se ubican en sectores económicamente débiles o al margen de la transformación tecnológica. Se caracterizan por tener una productividad muy baja, por las herramientas obsoletas con las que trabajan, por la falta de calificación tecnológica, así como por los bajos sueldos que reciben.
Dimensión cultural, cuando las personas que son excluidas del saber (analfabetismo); excluidos y excluidas de la información (fuera de canales o medios de información); excluidos y excluidas del derecho a la palabra y del derecho de vivir según su cultura […]”
Desde el Comité de Derechos Humanos Ajusco hemos tenido conocimiento de personas mayores en situación de calle, más relacionados con puntos de baja concentración en delegaciones más alejadas del centro de nuestra urbe.
También hemos documentado casos aislados de personas mayores que pernoctan en cajeros automáticos, paraderos o centrales camioneras; hemos detectado que su expulsión a la calle está relacionada con deterioro cognitivo, pauperización y despojo, o la suma de todas las anteriores.
Podemos señalar que la cultura de desprecio hacia la vejez genera condiciones para que una persona mayor sea expulsada a la calle.
Otros elementos de riesgo: las crisis.
Aunado a lo anterior, otros factores incrementan el nivel de riesgo, relacionados con escenarios de crisis que inciden negativamente sobre las personas mayores.
Investigaciones en España dan cuenta de que, en periodo de crisis económica, los casos de maltrato a personas mayores, lejos de reducirse, se han multiplicado peligrosamente; y que “la situación asfixiante que pasan muchas familias con las crisis ha incrementado su vulnerabilidad” :
Crisis de Pensiones
Nuestro país se enfrenta a un problema muy grave para las próximas décadas. En un censo de 2017 se encontraron pensionadas solamente una cuarta parte (26.1%) de las personas mayores. Para 2050 habrán 32.4 millones de personas mayores, lo que representará al 21.5% del total de habitantes, buena parte de ellos vivirán con menos posibilidades de tener seguridad social y económica.
Y sobre niveles de pobreza en 2014, 35% de las personas mayores de 60 años vivía en pobreza moderada y casi 9% en pobreza extrema, por lo que de continuar así, “en algunos años tendremos un país de viejos, enfermos y en mayor pobreza”.
Crisis económica y pauperización
Sin recibir ingreso, ni jubilación, ni ayuda social y en casos más dramáticos en los que el desempleo ha afectado a muchos integrantes de la familia y son las propias personas mayores las encargadas de prestar ayuda económica a sus hijos o a sus nietos. Incluso, conocemos casos de hijos afectadas por el desempleo que vuelven a casa de los padres, para posteriormente despojarlos.
En la Encuesta Intercensal se identificó que en nuestro país 2015 había 119.5 millones de personas; 10.4 por ciento correspondía a las mayores de 60 años (12.4 millones). El país vive un proceso de envejecimiento, las evidencias muestran que la población mayor aumentará en términos absolutos y porcentuales.
Investigaciones de la UNAM aseguran que el 20 por ciento de las personas mayores vive olvidado por el gobierno, la sociedad y sus propias familias, y el 16 por ciento sufre de abandono y maltrato. La Encuesta nacional de salud y nutrición 2012 arrojó el dato de que el 25 por ciento de esta franja etaria se encuentra en condiciones bajas de bienestar y casi 20 por ciento en muy bajas. Hay cinco millones de ese sector que carecen de los ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios para vivir dignamente.
Crisis del sistema de salud
Otro factor de expulsión a calle puede tener como origen el padecimiento de una enfermedad catastrófica, que resulta insostenible social y económicamente.
Luis Enrique Hernández –director de El Caracol— señala que las personas mayores olvidadas por sus familias son las más vulnerables a caer en esta situación
“[…] y sobre todo están saliendo adultas a la calle porque tienen alguna enfermedad crónico degenerativa y las familias no pueden atenderles, porque perdieron su patrimonio, porque entraron por alguna razón a la cárcel y al salir su familia ya no los quiere ver o porque tienen alguna discapacidad psicosocial […] En el caso de las mujeres tienen padecimientos de orden cognitivo, mientras que en de los hombres son crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión, lo cual los ha llevado incluso a perder alguna extremidad. A diferencia de los jóvenes en calle, las personas mayores no se pueden defender cuando son atacadas y suelen ser más vulnerables también en épocas de frío […]”
Crisis de inseguridad acceso a la justicia
El Comité de Derechos Humanos Ajusco desde 2016 realiza un monitoreo de medios, principalmente impresos denominados “de nota roja” o “amarillistas” de la Ciudad de México, para generar un archivo de la mirada hacia las personas mayores en las secciones policiacas.
Más allá del desconocimiento o negligencia respecto a herramientas mínimas de no discriminación en medios de comunicación, resulta una constante el alto grado de violencia perpetrada contra personas mayores por parte de la delincuencia.
Se han documentado también casos donde personas mayores quedan en calle, al ser víctimas de fraudes. Y no encuentran respuesta en las instituciones correspondientes. Casos que desafortunadamente se acumulan en la inmensidad de la impunidad de nuestro país.
Marginación tecnológica
La mayoría de las personas que integran esta franja etaria tienen muchos problemas a la hora de amoldarse a cambios tecnológicos, por lo que al final quedan excluidos de muchos procesos que en la actualidad están completamente informatizados. Principalmente en lo laboral, la brecha tecnológica afecta a las personas mayores, excluyéndolos de mejores condiciones para obtener un empleo formal, y se ven obligados a realizar actividades desde la informalidad o la mendicidad.
Desplazamiento forzado por violencia y desastres naturales.
Si bien partimos de que “millones de personas que han sido obligadas a dejar su hogar a raíz de desastres naturales también son consideradas desplazadas internas”, los recientes sismos que se han venido presentando desde septiembre de 2017, ponen de manifiesto la grave situación de las personas mayores damnificadas como desplazadas internas.
No es una exageración afirmar que los desastres naturales afectan de diferente manera. En los periodos posteriores a las emergencias, se distingue a quienes tienen y no tienen ingreso suficiente, sólidas redes familiares y comunitarias, y condiciones de salud para sobrellevar un desastre.
No nos vayamos más lejos para encontrar discriminación múltiple contra personas mayores desplazadas internas, en diciembre pasado el entonces Comisionado para la Reconstrucción de la CDMX Ricardo Becerra, aseguró que “al menos la mitad de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre en la capital son personas mayores, con pensiones muy bajas (…) Lo que nosotros estamos viendo es un tipo especial de damnificados. Llevo ya 72 visitas a 52 lugares, los especialmente afectados (…) lo que nos estamos encontrando, no solamente en Xochimilco, en Tláhuac, sino en la Condesa, una tipología de damnificados pobres, personas mayores pobres”.
De acuerdo a una nota del periódico Excélsior del 21 de febrero del presente año, se reportó que en los Multifamiliares de Tlalpan “han fallecido nueve personas mayores que vivían en los albergues por enfermedades respiratorias y complicaciones en su situación de salud” .
La mencionada Convención Interamericana obliga a los Estados Parte para tomar “las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres.”
Por el momento hemos abordado solamente el desplazamiento interno por desastres naturales, en otro momento retomaremos los casos de personas mayores de barrios populares que son desplazadas por los grandes proyectos de “desarrollo inmobiliario” y la gentrificación.
Urgencia de que México se adhiera a la Convención Interamericana.
A pesar de avances en materia legislativa, así como de implementación de programas focalizados y creación de instituciones, las personas mayores seguimos siendo una asignatura pendiente en materia de exigibilidad de derechos.
Tan solo en los resultados de la recientemente publicada “Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017” un importante porcentaje “justifica mucho negarle el empleo a una persona mayor”.
Guadalupe Ruelas –autora del libro “Vejez y vulnerabilidad”– indica que más del 30 por ciento de las personas mayores “está recibiendo una doble violencia: la de la calle y la que hay dentro de su casa”, es decir: abuso, violencia, discriminación, desprecio, empobrecimiento, omisión, invisibilización y desplazamiento interno forzado –derivado de posibles desastres naturales–.
Ante la evidencia del maltrato y la necesidad de acciones urgentes sobre vejez y envejecimiento, no se han generado políticas públicas integrales con enfoque de derechos humanos, y desafortunadamente las únicas opciones existentes son las tradicionales políticas clientelares y asistencialistas.
Como mencionan Gabriela Fuentes y Fernando Flores en su investigación “[…] cada persona mayor que termina por vivir en las calles, representa la violación acumulada de varios de sus derechos fundamentales que no han sido garantizados por el Estado, como se establecen constitucionalmente, cuya falta de aplicación provocó su vida en las calles […]”.
Actualmente un gran porcentaje de esta franja etaria podría encontrarse en riesgo de calle y mientras sigamos ignorando este problema, las personas mayores de mañana también se encontrarán en riesgo de calle.
Cuando una persona es expulsada a calle, se configura una “Discriminación múltiple”, que se trata de “cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación” .
Una de las principales especialistas en materia de vejez y envejecimiento es la Dra. Verónica Montes de Oca, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en varios espacios ha indicado que
“[…] La violencia que viven las personas mayores es una vulneración de su noción de persona y tiene sus raíces en el Estado mexicano. En el momento en que el Estado no prevé pensiones para toda la población mayor del país, entonces obviamente estamos vulnerando sus derechos. La negligencia institucional del Estado propicia que en los hogares y en la calle se reproduzca la violencia […] el Estado mexicano tiene que intensificar una campaña de difusión de todas las instituciones que manejan políticas públicas reafirmando el valor que tienen las personas mayores. Si quiere revertir esto, primero hay que ratificar la Convención Interamericana para la protección de los derechos […]”
Ley de cultura cívica y personas mayores en situación de calle, o en riesgo de ser expulsadas a calle.
Si México firma la Convención interamericana, muchas normatividades deberán armonizarse a sus principios. En gran medida, la Constitución Política de la Ciudad de México plantea un enfoque multifactorial teniendo como eje de su estrategia social a los Grupos de atención prioritaria, es decir las
“[…] personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales […]”.
Además de las mujeres, personas migrantes, niñas niños y adolescentes, personas en reclusión, etc. también se consideran como prioritarias a las personas mayores y a las personas en situación de calle.
Gran parte de las causas de las infracciones contra la dignidad de la persona humana y contra la seguridad ciudadana con relación a personas mayores, podrían atenderse con las políticas públicas destinadas a combatir el maltrato, planteadas en la citada Convención. No hay discordancia con los derechos que ya reconoce la Constitución CDMX para las personas mayores que son:
“[…] a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley […]”.
Sobre las personas en situación de calle, las autoridades
“[…] adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle […]”.
En todos los casos de grupos de atención prioritaria “[…] la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad […]”
Resultaría importante fortalecer el papel de la Mediación comunitaria en casos de maltrato y riesgo de calle en personas mayores, figura que ya existe pero que no se conoce del todo.
La Ley de Justicia Cívica CDMX en su artículo 66 indica que “[…] la mediación comunitaria será aplicable en la gestión y prevención de las controversias que surjan o puedan surgir, en:
– En apoyo a personas en situación de descuido;
– Entre las personas en situación de calle“[…]
La Convención dedica su artículo 24 al Derecho a la vivienda de las personas mayores, señalando que “[…] Las políticas deberán tener especialmente en cuenta las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte. Se […] promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales […]”.
Urge que México se adhiera a la Convención y se armonicen nuestras instituciones a sus principios. Para evitar la subsecuente expulsión de personas mayores a la calle se deben diseñar e implementar programas de prevención de manera transversal, articulándose a nivel local y federal.
También se debe enfocar procesos intergeneracionales de largo aliento en función de una vejez activa desde todos los campos y todas las especialidades, porque “[…] no se pueden hacer políticas públicas dirigidas solo a la población envejecida sino por el contrario, fortalecer políticas dirigidas a la población joven para que tomen conciencia de cómo enfrentarán en un futuro su vejez. Y ese es uno de los temas fundamentales: que se generen políticas públicas para combatir el asistencialismo de las personas mayores […]”
Comité de Derechos Humanos Ajusco 