Red TDT. Briefing 2018 en derechos humanos para México

 

2017 fue un año sumamente intenso para la Red TDT y las organizaciones que la componen. Estamos claros de que los procesos de derechos humanos no culminan con el año. Por ello, y ante la gravedad de las distintas situaciones que hemos documentado este año, consideramos que no es suficiente un comunicado de inicio de año y generamos un documento complementario que traza líneas básicas de los principales retos que vemos para este año. 

 

Misión de Observación a Guerrero

En este sentido la situación de Guerrero es emblemática y especialmente delicada. Se trata de una de las zonas de mayor preocupación; especialmente la zona de Chilapa, donde la violencia ha llegado a niveles exacerbados. Durante 2017 superó los 200 asesinatos, desplazamientos forzados y un gran número de desapariciones, enfrentamientos y balaceras, decenas de escuelas cerradas, interrupción de los flujos de transporte.

Por eso convocamos a una Misión de Observación Civil para documentar la situación de violencia a que están expuestas las comunidades desplazadas y colectivos de familiares de víctimas, así como las personas defensoras de derechos humanos de Guerrero. Esta Misión constató in situ la gravedad de la situación y ha solicitado consistentemente un diálogo de alto nivel que hasta el final del año, el Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo se ha negado a concretar.

Vigencia del informe La Esperanza no se agota

Eeste contexto reitera la vigencia del informe La Esperanza no se agota donde se documenta que el Estado es el principal perpetrador de agresiones a personas defensoras de DH (VDH[1] 73%). Apenas poco más de un cuarto de las agresiones (Delitos[2] 27%) provienen de agentes no estatales. De los 302 casos registrados en el periodo del mismo, 72% fueron documentados por primera vez durante uno de los años que abarca el informe, cifra que nos muestra claramente la tendencia a la alza de la violencia contra personas defensoras en los años de gobierno de Peña Nieto. No podemos omitir el hecho de la existencia documentada de 45 eventos de agresiones con la participación de elementos militares en este sexenio.

En este contexto llama poderosamente la atención que en vísperas del proceso electoral, el número de agresiones haya disminuido sensiblemente, aunque la violencia persista de una manera que manda un mensaje intimidatorio a las personas defensoras. Recordemos que actores estatales vinculados a la defensa de los derechos humanos fueron alcanzados por la violencia como el ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, quien fue asesinado junto a su hijo mayor en noviembre. Días después fue público el secuestro de un funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

La dignidad y los derechos en contexto con la corrupción

En 2017 también denunciamos nuevos riesgos para las personas defensoras de migrantes, quienes están sufriendo hostigamiento por su trabajo por parte de agentes estatales y no estatales y también están siendo criminalizados. Acudimos, también en Misión, a la costa de Chiapas, para constatar como las violaciones a derechos humanos y el hostigamiento a las personas defensoras se acentúan ante los desastres naturales. Fuimos testigos de la vulnerabilidad humana ante unos sismos que no terminan de acabarse y de causar daños.

En el informe también quedó evidenciada la grave situación en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, por los altos índices de agresiones contra quienes defienden derechos humanos. Chihuahua un estado con un gobierno en diálogo con la Sociedad Civil, no ha logrado atajar del todo los riesgos ni para periodistas, ni para personas defensoras.

En Chiapas la situación reciente de Los Altos, especialmente de las comunidades de Challchiihuiittán y Chenallhó, es descriptiva de la tensión social. Lamentamos que las recientes mesas de diálogo no hayan hecho sino fortalecer el clima de impunidad con nque operan los grupos paramilitares agresores y respaldamos las exigencias de la Misión Civil de Observación que organizaciones Chiapanecas han conformado.

La documentación sobre los terremotos del 7 y 19 de septiembre, así como sus innumerables réplicas, especialmente en Oaxaca y Chiapas, ha exhibido nuevamente el vergonzante nivel de corrupción que, insensible al dolor y omiso en términos de responsabilidad de la función pública, ha generado un lucro que obliga a las personas a renunciar a la dignidad, casualmente a través de tarjetas de débito. Tal como inició el sexenio, comprando con dinero una legitimidad cada vez más cuestionada por las personas, como constatamos en la Misión de Observación a la Costa de Chiapas, como han documentado las organizaciones oaxaqueñas.

Pero eso había sido demostrado periodísticamente desde las Casa Blanca y la de Malinalco. Por esa razón Transparencia Internacional, a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 ciudadanos que viven en 20 países de América Latina y el Caribe ha puesto a México en el peor escenario de experiencias directas de corrupción en los servicios públicos.

Por ello el Estado mexicano será sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la valentía de las Mujeres de Atenco, las que denunciaron el abuso del Estado, pero también las que defendieron su territorio. No es extraño que a 11 años de aquellos hechos, se esté edificando un nuevo Aeropuerto. Lo que la Corte Juzgará será a un Estado que impone intereses privados a través de una violencia que presenta patrones claros, omitiendo cada vez más su obligación de garantizar derechos. Con clara vinculación con la corrupción.

Por ello consideramos insuficiente la reciente reforma al artículo 102, e imprescindible procesar el dictamen ciudadano que hemos presentado como parte de #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva poniendo énfasis en garantizar la autonomía e independencia de la Naciente Fiscalía, para que no sea un nuevo monumento a la corrupción.

En sentido similar exigimos la abrogación inmediata de la Ley de Seguridad Interior y apoyamos la implementación de políticas de seguridad basadas en una lógica civil, que partan de reflexiones serias como la Conferencia Seguridad en México, la Vía Civil. Concordamos que “Algo anda muy mal cuando se hace más y más para resolver un problema y éste solo crece”.

Formamos parte del colectivo #SeguridadSinGuerra y por eso no nos quedaremos cruzados de brazos ante una ley que no sólo pretende militarizar el país, ignorando los terribles resultados en materia de derechos humanos de 10 años de guerra contra el narcotráfico y de fuerzas armadas en las calles.

Ante este panorama insistimos: La esperanza no se agota. Estamos convencidos del poder transformador de los derechos humanos y sostenemos que es la lucha que queremos dar, sobre todo, ante la decisión de Estado de legalizar el autoritarismo y la amenaza latente de continuar socavando el Estado de derecho. Nos estamos preparando para un 2018 en un contexto electoral federal que incluye 9 gubernaturas y otra gran cantidad de cargos públicos que resultará clave para conservar nuestros derechos

[1] Violación de Derechos Humanos | Agresión realizada por algún tipo de actor relacionado con el Estado.

[2] Delitos |

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