Foro #BuenasPrácticas hacia la firma de la #ConvenciónDHPersonasMayores

Las organizaciones de la sociedad civil y nuestro papel para hacer cumplir la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

María de los Ángeles Fuentes Vera/ Comité de Derechos Humanos Ajusco.

En su artículo 4 la Convención Interamericana señala los deberes a los que se comprometen los Estados firmantes.

Ahí también se indica algo fundamental: “…los Estados promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención”

A lo largo del documento se va desarrollando el papel de los Estados para que se cumpla cabalmente la exigibilidad de los derechos de las personas mayores. Y también se puntualiza  la tarea de la sociedad civil en esta exigibilidad, por ejemplo en su artículo 24 sobre el Derecho a la vivienda, señala que “…los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil y otros actores sociales”.

Todo parece indicar que próximamente el Estado mexicano firmará la adhesión a la Convención Interamericana. Este compromiso representa en sí el inicio de un largo y lento cambio cultural respecto a la vejez y envejecimiento.

El Estado mexicano incluido el gobierno, deberá modificar sus acciones y responsabilidades hacia uno de los sectores etarios más vulnerado y discriminado.

Esto sería sin duda un logro de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que hemos venido impulsando esta agenda los recientes años.

Pero la pregunta que deberíamos plantear es: ¿está lista nuestra sociedad civil para coparticipar con el Estado en la implementación de la mencionada Convención? ¿estamos listas para esta titánica tarea?

Al echar un simple vistazo al panorama civil en nuestro país, descubrimos que a pesar de contar con una alta y creciente población de personas mayores con una problemática en suma compleja, existen pocas organizaciones civiles de personas mayores, comparado por ejemplo con  organizaciones de la diversidad sexual.

Claro que existen clubes de convivencia, así como colectivos de carácter clientelar, organismos de beneficencia y otros espacios que trabajan con algún aspecto de la vejez, pero que no la abordan desde de la óptica de los derechos humanos, no discriminación y perspectiva de género.

Esto tiene que ver con la invisibilización y la violencia sistémica a la que nos enfrentamos las personas mayores.

Las personas mayores somos excluidas en las diferentes tomas de decisiones, desde el ambiente familiar hasta la de la política tradicional. Los estereotipos e imágenes negativas que hay sobre la vejez obstaculizan las posibilidades de visibilidad, valoración positiva y reconocimiento personal y social de esta etapa de la vida a la que se teme llegar. Visibilizar y revalorar la vejez que ocurrirá -u ocurre ya- es indispensable para generar una cultura de reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos como personas mayores.

Por eso no es sopresa que no existan centenares, o aunque sea decenas, de organizaciones civiles conformadas por personas mayores, o integradas intergeneracionalmente con objetivos claros de impulsar esta agenda.

El manejo clientelar de la vejez nos ha hecho personas altamente participativas en lo electoral.

Por ejemplo el Instituto Electoral del DF recientemente indicó que “las mujeres de entre 60 y 64 años son las más participativas en las urnas, con 61.3%, seguidas de las de 55-59 años, con 57.7%”, pero no necesariamente significa que las personas mayores tengamos incidencia en la política, ni en la toma de decisiones.

Sin embargo, también en el grueso de las organizaciones de derechos humanos existentes se invisibiliza la vejez.

Durante el pasado Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento de la UNAM, presenté una ponencia donde hago un señalamiento sobre informes de derechos humanos elaborados por organizaciones civiles que invisibilizan esta agenda.

Resulta inconcebible que frente a un contexto, donde un buen número de mujeres defensoras de derechos humanos en México somos mayores de 60 años, y que la vejez no sea considera como elemento de análisis.

Mujeres defensoras y periodistas perseguidas y asesinadas son mujeres mayores, pero en ningún posicionamiento se adopta una mirada transversal de vejez.

¿A qué atribuimos que en los diversos espacios de análisis y en los informes generados desde lo institucional, local, federal, internacional, inclusive desde la sociedad civil no se tome en cuenta la variable “edad” como un elemento clave para comprender los procesos de lucha y defensa de derechos humanos?

El análisis que debe hacerse de la situación de los derechos de las personas mayores en el país va más allá de la mera estadística.  No basta con cuantificar la dispersión de recursos mediante tarjetas de programas sociales de corto alcance, no se debe de basar en la medición cuantitativa de las visitas al médico, decesos y enfermedades.  No.

Consideramos que al no nombrar, al no integrar categorías de vejez y envejecimiento dignos en identificación de agravantes y violaciones a derechos humanos, no se concede la justa valía a la participación política de las mujeres mayores en los diversos espacios de lucha.

A pesar de los grandes aportes que se han logrado, principalmente gracias a la corresponsabilidad de instancias gubernamentales y organizaciones civiles (algunas aquí presentes), siguen representando esfuerzos poco articulados comparados con otras iniciativas. La vejez y el envejecimiento no son temas que llamen la atención de las amplias redes de sociedad civil organizada.

A pesar de las adversidades, reconozco y aplaudo los esfuerzos de mis colegas de universidades, organismos públicos de derechos humanos, fundaciones y organizaciones que en diferentes mesas y espacios hemos venido impulsando esta agenda.

La Convención nos debe servir para mirar a largo plazo, porque desafortunadamente nos perdemos en la coyuntura y en la inmediatez. Deberíamos conocer y aplicar el sentido de la Convención, con la población en su conjunto, las organizaciones y los distintos espacios de decisión. De lo contrario, seguirá siendo un proceso de simulación y especulación.

Para concluir, existe una categoría denominada “oferta de valor” que es un aporte de los estudios sobre sociedad civil en América latina.

Esta categoría denomina las  “capacidades técnicas y legales, las propuestas alternativas e innovadores y las metodologías que organizaciones de la sociedad civil desarrollan para buscar la protección y la reivindicación de los derechos humanos”.

Para poder exigir al Estado mexicano el cumplimiento de la Convención,  también es importante que la sociedad civil fortalezca su “oferta de valor” sobre vejez y envejecimiento.

  • Urgen nuevas organizaciones en todo el país,
  • organizaciones de y para personas mayores,
  • organizaciones con alto nivel de profesionalización en vejez y envejecimiento,
  • organizaciones con carácter intergeneracional que desarrollen efectivos mecanismos de exigibilidad y protección para personas mayores, pero que también tengan compromiso y sensibilidad.

La sociedad civil de nuestra ciudad y del país son altamente participativas pero falta mucha sensibilización y aceptación de la vejez.

De las miles de manifestaciones que se presentan cotidianamente, ¿saben cuántas han sido para exigir sobre los derechos para las personas mayores?

UNA, hace 3 años cuando realizamos una pequeña pero significativa marcha del Hemiciclo al Zócalo para exigir que México firme la Convención Interamericana.

Y lo seguiremos exigiendo: que México se adhiera y cumpla cabalmente la Convención Interamericana.

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