Pronunciamiento sobre el uso de programas sociales

Sr. Enrique Peña Nieto,Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Señora y Señores Secretarios de Estado y titulares de dependencias centralizadas, descentralizadas y paraestatales de la Administración Pública Federal
Señores Presidentes de los Partidos Políticos Nacionales y Consejos Directivos Estatales de los Partidos Políticos
Sr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México
Sr. Rubén Moreira Valdéz, Gobernador del Estado de Coahuila
Sr. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador del Estado de Nayarit
Sr. Miguel Angel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz
Señoras y señores presidentes municipales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz
Señoras y señores senadores y diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Social de ambas cámaras
El uso de los recursos destinados a programas sociales con fines distintos al desarrollo social es un delito electoral y una violación a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Este mes de abril dio inicio el periodo de campañas en los comicios locales del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
Las precampañas han terminado dejando como saldo una participación sin precedentes de funcionarios federales, locales y políticos partidistas que hicieron acto de presencia en eventos públicos vinculados a entregas de programas sociales, tal como ha sido documentado por diversos medios de comunicación.
México lleva dos décadas estudiando y actuando contra el uso de programas sociales con fines electorales con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales y algunas autoridades. Se ha trabajado en la inclusión de candados legales, normativos, reglamentarios y presupuestales con la finalidad de blindarlos. Sin embargo, los partidos políticos continúan dando la vuelta a cada nueva acción instaurada y replicando malas prácticas que perpetúan el fenómeno, generando un descrédito de la política social.
La permanencia de estas prácticas pone en evidencia también la falta de un enfoque de derechos en la política social mexicana que continúa viendo y tratando a la población objetivo como “beneficiaria” y no como personas portadoras de derechos, con lo cual, en lugar de empoderarles, refuerzan la condición de vulnerabilidad de los usuarios de programas generando un ciclo de abuso interminable.

En un país que no tolera más agravios es sustantivo recordar que: quienes aprovechan las entregas de los programas sociales en periodos de precampaña y campaña apelando a su “legalidad” y acomodando a su favor los recursos normativos para no ser sancionados, muestran una falta absoluta de ética pública al ofender la dignidad de las personas más necesitadas a las cuales en su carácter de funcionarios o servidores públicos, han jurado gobernar y servir.
De continuar estos actos en periodo de campaña estarían además contraviniendo lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en su tesis LXXXVIII/2016 señaló que, si bien los programas sociales, de acuerdo con su finalidad, no deben suspenderse en periodo de campañas, los beneficios de tales programas no pueden ser entregados en eventos masivos o en una modalidad que no se encuentre justificada, por lo cual autoridades y servidores públicos tienen un deber de cuidado.
Por todo lo anterior, las que suscribimos, organizaciones de la sociedad civil y personas que hemos dedicado nuestra labor al estudio, promoción y desarrollo de la política social, los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos y el avance democrático, preocupados por las prácticas observadas en los periodos de precampaña exigimos:
• A las autoridades del gobierno federal y gobiernos locales del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz:
o Cancelen todos los eventos masivos vinculados con entregas de cualquier especie pertenecientes a programas sociales en las cuatro entidades con proceso electoral.
o Transparenten toda la información relativa a las entregas que se seguirán operando en el tiempo de campañas de manera que cualquier persona, medio u organización interesada pueda supervisar su actuación.
o Fortalezcan los espacios para el levantamiento de quejas y denuncias por parte de los usuarios.
• A las y los legisladores les solicitamos:
o Revisen a profundidad los vacíos existentes en la Ley General en Materia de Delitos Electorales vinculados al uso de programas sociales con fines electorales.
o Refuercen la obligación de incluir un enfoque de derechos humanos en todos los programas y acciones sociales.

Personas firmantes:
Jessica Rojas Alegría, Rosa Estela Gutiérrez Guzmán, Ana Vanessa González, Lilia Monroy Limón, Miguel Concha Malo, Ana Saiz, Laura Breña Huerta, Paola Contreras Peña, María Enriqueta Cepeda Ruiz, Clara Jusidman Rapoport, Guadalupe Arellano Rosas, José Abel Flores Ramírez, Juan Antonio Flores Vera, Alberto G. Gaytán, Jorge Serrano Arenas, Guadalupe Ordaz Beltrán, Ivette Pérez, Silvia Alonso, Laura Breña, Irma Rosa Martinez Arellano
Organizaciones firmantes:
Atención México, A.C
Eco-ciudadanía del futuro, AC
Centro de derechos humanos «Fray Francisco De Vitoria, O.P.», A.C
Alianza Cívica A.C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. Asociación Nacional Cívica, A.C Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. Fundación Estado y Sociedad, A.C. Ouroboros Actitud Ciudadana, A.C. Tendiendo Puentes, A.C.