Organizaciones de la sociedad civil congregadas en el Diálogo Regional “Intercambio de Buenas Practicas: desafíos y nuevos retos para la erradicación de la ”, reconocemos la voluntad y el esfuerzo de las instituciones convocantes de abrir un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos que enfrentamos las mujeres de américa latina para lograr una vida libre de violencia. Valoramos de forma muy positiva que representantes de alto nivel de diferentes instituciones de gobierno y mecanismos regionales de derechos humanos hayan dialogado con defensoras de derechos humanos. Esto en sí mismo constituye una buena práctica que debe ser profundizada y constante en todos los países de la región.
El diálogo permanente y constructivo entre la sociedad civil y particularmente las organizaciones feministas y de derechos humanos con las instituciones del Estado, de los tres niveles de gobierno, resulta fundamental para enfrentar los graves desafíos en materia de derechos humanos de las mujeres en el contexto actual. Si bien este espacio contribuye a este efecto, consideramos que sigue vigente el reto de incluir y garantizar la participación de las mujeres de todas las edades y circunstancias que conforman nuestra región. Es importante que las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres afro descendientes, las mujeres lesbianas y trans, es importante que tengan una mayor presencian y que sus voces sean protagonistas de los próximos foros de este tipo.
Sabemos que en estos tipos de espacios no es fácil profundizar y generar un debate de fondo, por ello nos parece fundamental que los temas que aquí se han abordado constituyan una agenda permanente de diálogo, que permita generar acciones encaminadas a superar los rezagos en la implementación de los compromisos internacionales que los países de nuestra región han adquirido con los derechos de las mujeres y niñas.
Los mecanismos existentes de diálogo entre instituciones del Estado y la sociedad civil deben ser efectivos y generar resultados tangibles. Para ello, resulta fundamental reiterar el compromiso por parte de los gobiernos de la región con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegurando recursos suficientes para su pleno funcionamiento, así como un pleno respaldo político para continuar con su importante labor.
Las buenas prácticas que en la región se han construido para avanzar en la igualdad sustantiva enfrentan hoy fuertes retos y estamos ante el riesgo de retroceder en derechos ya conquistados:
• La violencia y la criminalización en contra de las defensoras de derechos humanos representa una de las mayores amenazas a los derechos políticos de las mujeres y el diálogo entre el Estado y la sociedad civil. En particular nos
preocupa que las defensoras del territorio y del medio ambiente sean continuamente criminalizadas y no se garantice el pleno cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Otro tema de preocupación es el uso de las tecnologías de la información para intimidar, acosar, vigilar y hostigar a las defensoras de derechos humanos y víctimas de violencia.
• Si bien en varios países contamos con un marco jurídico favorable para los derechos de las mujeres, en lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no hemos logrado los estándares internacionales necesarios para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Nos preocupan en particular, las iniciativas legislativas en El Salvador que pretende penalizar el aborto con hasta cincuenta años de cárcel y la eventual aprobación de la presentada en Veracruz, México; así como los embarazos forazados de las niñas víctimas de violación y la violencia obstétrica. Nos preocupa también que en legislaciones encaminadas a erradicar la violencia familiar se mantengan mecanismos violatorios como la conciliación y la mediación, como ocurre en Nicaragua.
• Los niveles de impunidad en la mayoría de los países de la región, expresados en la falta de investigación y sanción de los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y los prejuicios de género vigentes en las instituciones de justicia, deterioran gravemente el estado de derecho y alejan a las mujeres del acceso a la justicia. Los altos niveles de feminicidio y femicidio, así como la criminalización y procesamiento de víctimas de violencia por ejercer su derecho a la defensa, y la gravedad de la violencia en espacios públicos, no podrán ser abatidos si no se combate de manera efectiva la impunidad, y si no se desarrollan modelos de atención integral a la violencia que aseguren medidas preventivas y de reparación que no revictimicen a las mujeres.
• En toda la región es necesario garantizar una política de estado que garantice el derecho de las mujeres a comunicar, a la libertad de expresión y al acceso a la información, e impulse en los medios la transformación de la representacion estereotipada de las mujeres.
• De cara a próximos diálogos nos parece importante profundizar en temas que requieren una mayor atención. Es el caso de los derechos de las trabajadoras del hogar y el pleno cumplimiento del Convenio 189 de la OIT. También sobre las necesidades y derechos de las mujeres mayores en el marco de la vigencia de la Convención Intermericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y, de manera especial, nos parece importante profundizar en el diálogo sobre las violencias que impactan a las mujeres migrantes, en estado de reclusión, las mujeres víctimas de trata y las madres y familiares de víctimas de desaparición forzada.
En este foro, hemos coincidido mujeres con un gran compromiso que, ya sea desde instituciones públicas o desde las organizaciones de la sociedad civil, estamos convencidas de que la violencia contra las mujeres será erradicada en la medida en que tengamos políticas públicas efectivas y sustentables, que lleguen a todos los rincones de nuestros territorios, presupuestos adecuados, mecanismos eficaces de rendició de cuentas, sistemas de documentación y datos útiles, y un movimiento de mujeres activo que siga luchando por los derechos de todas.
Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, Amnistía Internacional, Asociadas por lo Justo JASS-Mesoamérica, Católicas por el Derecho a Decidir, Canas Dignas, Comité Intersectorial para la firma y ratificación de la Convención Interamericana para proteger los derechos humanos de las Personas Mayores, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro de Investigaciones para la Equidad Política Pública y Desarrollo (CIPE) – Observatorio Género Violencias y Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las Mujeres-CLADEM, CLADEM-México, Cohabita, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Comité de Derechos Humanos Ajusco, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Disability Rights International México, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres Vereda Themis; Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, A.C.; EQUIS Justicia para las Mujeres, Justicia Pro Persona; Justicia, Derechos Humanos y Género, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Habitajes AC, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red Salvadoreña de Defensa de Derechos Humanos, Red Nacional de Trabajadoras del Hogar, Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres.
Comité de Derechos Humanos Ajusco 