Acompañamiento de la sociedad civil en el contexto de las violencias hacia las personas mayores en la ciudad de México.
María de los Ángeles Fuentes Vera/Comité de Derechos Humanos Ajusco
(Intervención en el Conversatorio «Mecanismos de exigibilidad por una vida libre de violencia para las personas mayores en la Ciudad de México». 22 de junio de 2016. sala Digna Ochoa de la CDHDF)
Violencia y ciudad.
En este año 2016 la organización Incide Social AC y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, presentaron el documento “El crecimiento urbano y las violencias en México”, estudio a nivel nacional que parte de una premisa interesante: la relación entre la ocupación del territorio urbano –es decir tanto vivienda como espacio público- y la vulnerabilidad ante los diferentes niveles de violencias.
El informe indica que “la población habita cada vez más en contextos urbanos que ponen en riesgo su seguridad, lo que tiene repercusiones en su vida personal, familiar y social. Se incrementa su vulnerabilidad y la probabilidad de que experimenten diversas formas de violencia por las transformaciones que ocurren en la ocupación y utilización del territorio, así como en el acceso y disponibilidad de los servicios urbanos…”[1].
Es decir, para prevenir las violencias también se debe regular y ordenar el crecimiento urbano, y que el impulso de políticas de desarrollo urbano y vivienda resulta fundamental para esta prevención de los factores detonadores y factores de riesgo de violencias.
Esta premisa resulta reveladora en el caso de las personas mayores, principalmente en las problemáticas que conocemos algunas organizaciones civiles, muchas vinculadas a la ocupación del territorio, es decir despojo patrimonial y otras a las limitaciones del goce del espacio público, en otras palabras: nuestras ciudades no están diseñadas para las personas mayores, en su infraestructura, en su transporte público, equipamiento, etc.
Algunos tipos de violencia contra las personas mayores son efecto de la mala planeación y crecimiento desordenado de nuestras urbes, que desafortunadamente priorizan a las grandes constructoras, a las inmobiliarias y a los autos, sobre sus habitantes.
Las violencias contra las personas mayores.
Cada 15 de junio se conmemora el “Día Internacional de Toma de Conciencia sobre el Maltrato hacia las Personas Adultas Mayores”, y consideramos que es un intento importante para visibilizar la grave problemática de nuestro sector etario, pero creemos que el “maltrato”[2] es una categoría que no explica ni visibiliza la situación de las personas mayores.
El maltrato se reduce a la relación entre “una persona víctima (que permita la situación) y de una persona agresora (que ejecute la agresión), sin olvidar que estos papeles son dinámicos e intercambiables”[3], pero la violencia muchas veces no suele ser interpersonal, también proviene de los medios de comunicación, de las corporaciones, de las instituciones y de cómo se concibe lo público y lo privado para las personas mayores.
Consideramos que el “maltrato” define solo a un tipo de violencia y que no se reduce a particulares o personas funcionarias. Algunos estudios indican que el abandono es multicausal y complejo, y que su tratamiento no basta con políticas públicas, porque se trata de un desprecio cultural a la vejez: una violencia sistémica.
Como indica el INAPAM “las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de las personas mayores que lo viven no lo denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones: no aceptan que están siendo maltratados, tienen temor a las represalias; pues es el único familiar con el que cuentan; creen que es temporal; no quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel; desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su condición física o cognitiva no le permiten realizar una denuncia”[4]
La violencia sistémica tiene que ver también con el llamado “maltrato estructural” que consiste en “deshumanizar el trato hacia la persona mayor en las oficinas gubernamentales y en los sistemas de atención médica, discriminarlos y marginarlos de la seguridad y bienestar social, no cumplir las leyes y normas sociales”[5]
La vejez está vedada para el goce del espacio público, (imposible andar en Metro, imposible salir al parque) y también vedada para el espacio privado, ya que la infantilización y pérdida de autonomía impiden a las personas su libre determinación del tiempo, del dinero, del ocio, etc.
Es interesante reflexionar sobre la relación espacio-vivienda-territorio-vejez, por ejemplo 45.4% de las personas mayores a nivel nacional habitan en viviendas con algún tipo de precariedad y dentro del conjunto de características precarias habitacionales, el acceso al agua entubada es la más severa, seguida por la falta de drenaje y el piso de tierra.
Ciudad de México contra sus mujeres mayores.
En su documento “Prevención del maltrato hacia las personas mayores” el INAPAM menciona que “un factor de riesgo, que hace de la persona mayor más vulnerable” es ser mujer[6]. Otros factores de riesgo que se suman son: cuando existe deterioro de salud y/o discapacidad; dependencia emocional, depresión, ansiedad, baja autoestima o demencia; aislamiento social; y antecedentes de maltrato doméstico.
La ciudad de México se ha colocado como una urbe poco amable para algunas poblaciones que la habitan y transitan, una de las más vulneradas somos las mujeres y entre estas, las mujeres mayores. Si bien los feminicidios suelen arrojar cifras en rangos de edad entre los 15 y los 35 años, sí existe una especificidad sobre la violencia a las mujeres mayores que sufren en la ciudad.
Esta ciudad también ha sido construida por nosotras las mujeres, pero ahora debemos tomar conciencia y enfrentar el reto de pensar la ciudad para vivirla y gozarla, y también para experimentarla desde ámbitos de los cuidados a poblaciones que no cumplen una funcionalidad productiva “plena”.
Por lo tanto las mujeres históricamente discriminadas y violentadas por la idea de una ciudad de y para hombres, genera un territorio que no cuenta con infraestructura ni servicios adecuados para mujeres mayores. Es importante visibilizar las características específicas por género y condición etaria de las mujeres para poder responder con políticas públicas y territorios acertivos para nuestra población.
Visibilizar y sensibilizar para la toma de conciencia.
No hablamos del “Gobierno de la ciudad” contra sus mujeres mayores, sino la “ciudad de México” contra sus mujeres mayores, y eso incluye obviamente a personas funcionarias y también a los familiares y personas cercanas de las mujeres mayores, y también a su población en general
Como indicó el Consejo para Prevenir la Discriminación (Conapred) el pasado 15 de junio: “debemos crear conciencia entre la población acerca de este fenómeno, pues lo que empieza como discriminación, puede convertirse más tarde en maltrato o claramente una manifestación de violencia”[7]
Lograr la sensibilización sobre los derechos humanos de las personas mayores resulta fundamental para la sociedad en su conjunto, para el 2050 habrá en México 22% de personas mayores más, y se concentrarán en los entornos urbanos.[8]
“La toma de conciencia” ha sido en gran medida la tarea de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la promoción de los derechos de las personas mayores. Cada organismo presente aquí se ha esforzado en sensibilizar sobre esta grave problemática, principalmente desde los diferentes territorios de la ciudad.
En el documento de Incide y la CEPAL consideran “imprescindible intervenir de manera eficiente y oportuna desde los territorios, con el objetivo de evitar la destrucción de las solidaridades, del tejido social, fortalecer los controles y capacidades de contención individual, social y estatal existentes para hacer frente a los niveles de violencia que se presentan en el México urbano actual”[9]
Enfrentándonos a un contexto adverso donde las personas funcionarias desconocen los más básicos instrumentos de protección a las personas mayores.
Las organizaciones -en la medida de nuestras limitaciones- además de la tarea de promover y sensibilizar, también acompañamos y canalizamos casos relacionados con la relación “ciudad-violencia-vejez-género”.
En estos acompañamientos hemos documentado principalmente la no aplicación de la “certeza jurídica”, es decir “recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre” y “recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos”[10].
Desde el Comité de Derechos Humanos Ajusco tenemos años señalando los diferentes obstáculos que se enfrentan mujeres mayores en la realización de trámites de identidad jurídica.
No han respetado la “certeza jurídica” tanto personas servidoras públicas locales y federales, e incluso de otras entidades federativas, ya que en muchos casos se ha tratado de mujeres, mayores, indígenas, migrantes y con alguna discapacidad –principalmente motriz y auditiva-.
El proceso del trámite es tortuoso, y se agrava cuando las mujeres mayores requieren hacer correcciones a su documento de identidad. La carencia de identidad les impide gozar de su primordial derecho, así como de diversos servicios que les pueden beneficiar otros en materia de salud y educación, y algunas personas en caso de viudez no pueden contar con la pensión que por ley les corresponde.
En suma, las organizaciones de la sociedad civil –en conjunto instituciones académicas, instancias gubernamentales y organismos públicos como esta CDHDF- hemos logrado avances significativos para promover y sensibilizar, acompañar y gestionar, pero principalmente para realizar propuestas puntuales de políticas públicas en materia de derechos de las personas mayores.
Un ejemplo, entre muchas acciones, ha sido el documento “Por los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Constitución de la Ciudad de México”[11] elaborado por el Comité Intersectorial “México por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, que tanto plantea un diagnóstico de la grave situación de las personas mayores en nuestra ciudad y también ofrece propuestas bien fundamentadas, surgidas del diálogo y esfuerzo de una interesante diversidad de organizaciones, instituciones y academia.
En dicho documento, y en concreto sobre el derecho a la identidad, se propone: “Garantizar la gratuidad de los trámites referentes al reconocimiento de la identidad jurídica y estado civil de las personas mayores, así como de los servicios públicos de salud, transporte, educación, recreación y cultura”
La problemática sobre el derecho a la identidad y en especial los trámites relativos al Acta de Nacimiento no sólo afecta a las personas mayores, ya que se trata de una situación compleja que agrava la violación de los derechos de otras poblaciones prioritarias, como los son las personas indígenas, personas que viven y sobreviven en calle, así como las personas migrantes.
El viacrucis de los trámites de Acta de Nacimientos no terminará con su gratuidad. Como se trata de una violencia sistémica, urge que las autoridades correspondientes, instituciones involucradas, y la ciudadanía en general debamos coadyuvar para un pleno reconocimiento de la identidad jurídica de todas las personas que habitan y transitan en la ciudad de México, esto incluye a los gobiernos de los estados de la República en cuyas oficinas de representación en la ciudad también obstaculizan y violan el derecho a la identidad de mujeres mayores que migraron a la Ciudad.
[1] Varios. El crecimiento urbano y las violencias en México. Editorial Naciones Unidas, México, 2016, p. 5.
[2] “El maltrato se define como una acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza y produzca daño o angustia a una persona adulta mayor.” 1 Declaración de Toronto Para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores. OMS, Ontario, 17 de noviembre de 2002.
[3] Ibidem.
[4] Ibidem.
[5] INAPAM. Prevención del maltrato hacia las personas adultas mayores. SEDESOL, México.
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Prevencion_maltrato_hacia_PAM.pdf (consultado el 20 de junio de 2016)
[6] INAPAM. Prevención del maltrato hacia las personas adultas mayores.
[7] INAPAM. Comunicado “La vejez no debe ser motivo de discriminación”. 16 de junio de 2016.
[8] Proyecciones del CONAPO para el año 2050 indican que el número de Personas Adultas Mayores se incrementará de manera considerable de 11 millones 700 mil personas en 2014 a 32 millones 400 mil personas.
[9] Varios. El crecimiento urbano y las violencias en México. p.45.
[10] Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Sedesol, México.
Haz clic para acceder a Ley_2014.pdf
[11] Elaborado por varias instituciones y organizaciones.
Comité de Derechos Humanos Ajusco 