Por Miguel Miranda/Mexican times
El estímulo mimético se convierte en sacrificio personal: no es la envidia aquello que los mueve a aceptar su destino, sino el sentimiento solidario de pertenecer a una misma comunidad, allá donde la disensión individual se desvanece en beneficio de la belleza ética de un proyecto común
Jordi Balló
La redacción de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, que impulsó Miguel Ángel Mancera de la mano con la reforma política a comienzos de febrero del 2016, fue encomendada a un grupo de 28 personas, integrado por intelectuales, personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y representantes de diferentes sectores de la sociedad civil; y la conformación de la Asamblea constituyente que se compone de 100 diputados constituyentes designados de la siguiente manera: 60 por elección popular; 14 por la Cámara de Senadores; 14 por la Cámara de Diputados; 6 por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno; la elección popular de las 60 diputaciones constituyentes, se llevará a cabo el próximo 5 de junio por medio del sistema de representacional proporcional a través de los partidos políticos y candidaturas independientes, estos últimos manifestando su trabajo con organizaciones de la sociedad civil, cuya función será discutir, modificar y aprobar la constitución. Comenzarán sus trabajos el 15 de septiembre de 2016 y se disolverá una vez que se apruebe con al menos dos terceras partes de la Asamblea Constituyente a más tardar el 31 de enero de 2017 para que entre en vigor en 2018, la nueva constitución sustituirá al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Lo anterior, plantea un panorama de lo que se avecina para los próximos meses y evidencia la necesidad imperante de organizarnos para tener una constitución de avanzada que contribuya a generar los cambios que necesitamos con base a derechos, es en esa sintonía que las organizaciones de la sociedad civil se mantienen en constante trabajo para contribuir con propuestas y en la construcción de una agenda que aporte contenidos para posicionar ante el constituyente la armonización de la Constitución de la Ciudad de México con la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (CIPDPM).
Es así que las organizaciones civiles, organismos públicos autónomos, academia e instancias de gobierno local como: Fundación de Mano Amiga a Mano Anciana, I.A.P, Fundación Tagle I.A.P, 16 Redes de Promotores de Derechos Humanos en el Distrito Federal A.C, Comité de Derechos Humanos Ajusco A.C, Red de Adultos Mayores en el Distrito Federal A.C, Un Granito de Arena A.C, Promoción Popular Integral A.C, Canas Dignas A.C. y Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor I.A.P, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) , la CETSGe de la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAP-DF) y el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (IAAM) que conforman el comité intersectorial “México por la convención de los Derechos de la Personas Mayores”, elaboran un documento técnico que aporte contenidos ante el constituyente, y armonización de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores (CIPDPM) con la nueva Constitución; que tiene la intención de incluir los principios y los derechos reconocidos en la Convención.
La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, la participación, la inclusión, la seguridad física, económica y social, la autorrealización, la equidad, la igualdad de género, la solidaridad, el buen trato, el respeto, la protección judicial efectiva entre otros, derechos que toda persona, autoridad o institución en al ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En concordancia con lo anterior; la armonización de derechos de la Convención a la Constitución de la Ciudad de México implica también crear un marco jurídico amplio de exigibilidad como instrumento prioritario para implementar políticas públicas que convengan a las personas mayores, como lo menciona el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. en su Análisis sobre la Política Publica en México para Personas Mayores desde el Enfoque de Derechos Humanos: “No se puede concebir una política pública con enfoque de derechos humanos, cuando estos no se comprenden como exigibles, que deben estar al alcance y ser efectivos para su disfrute como no como una aspiración, que pueden o no ser otorgados, sino como una obligación que tiene el Estado al aceptar la firma y ratificación de instrumentos internacionales que son parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Esta idea de armonización, requiere empatar lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse con la Constitución de la Ciudad de México. Para ello, es importante saber que el reconocimiento de los tratados internacionales hace más factible la armonización; ya que existen normas relativas a los derechos humanos como el Principio de Interpretación Conforme que dicta que cuando se interpreten las normas constitucionales se puedan utilizar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que México sea parte, con el propósito de ofrecer una mayor protección a las personas.
En conclusión, la armonización de los derechos traerá como efecto una mejor calidad de vida a las personas mayores, pero sobre todo una certeza en cuanto el respeto y ejercicio de sus derechos humanos. Para ello, es de vital importancia instar a las autoridades, profesionales y personas que se interesen en el tema del envejecimiento activo a participar en esta iniciativa que sin lugar a dudas establece un paradigma en cuanto a la toma de decisiones en nuestro país, ya sea de manera individual o colectiva, pero establece una forma de vincular nuestras demandas para convertirlas en decisiones públicas.
Comité de Derechos Humanos Ajusco 