Presidente Peña Nieto,
¿No era prioritaria la política de prevención de las violencias?
- Contrario a la promesa de EPN, la política de prevención de las violencias permanece en el olvido.
- El presupuesto destinado al PRONAPRED para el 2016 es insignificante en comparación con los problemas que busca resolver.
- Mañana se cumplen tres meses sin titular en la Subsecretaría de Prevención.
- Mientras Arturo Escobar sigue impune, otra vez los jueces son quienes deciden sobre las políticas públicas.
- Urge que quien titule la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana no surja de acuerdos políticos, sino de su propia capacidad para atender la violencia en el país.
México, D.F. 24 de febrero del 2016.
La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y el PRONAPRED.
Los motivos que llevaron a varias organizaciones civiles a levantar la voz contra el nombramiento de Arturo Escobar como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, y posteriormente a conformar la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias, se centran en dos preocupaciones que no terminan: por un lado la paralización del PRONAPRED y por el otro, la falta de voluntad política para nombrar a alguien que tenga el perfil adecuado para cumplir con las atribuciones de esa Subsecretaría.
Varios problemas son visibles en torno a la Subsecretaría de Prevención y el PRONAPRED:
- La ausencia de un titular que lidere con efectividad el programa, aunado a la presencia de funcionarios que no tienen vínculo alguno con dicha temática y cuya experiencia prueba que son operadores políticos.
- El presupuesto destinado al PRONAPRED para el 2016, $2,015’311,756.00, es insignificante en comparación con los problemas que busca resolver; más aún, para este año se redujo 22% del asignado en el año 2015.
- La tardanza en la publicación de las reglas de operación del programa para 2016 apenas se dieron a conocer el 15 de febrero, ocasionando el retraso en el ejercicio de los recursos y en el cumplimiento de los objetivos del programa.
Es preocupante que un programa cuya implementación es urgente tenga una reducción tan significativa en su presupuesto, aun cuando el problema de violencia en nuestro país requiere de intervenciones integrales. Mientras tanto, con el argumento de las 13 elecciones que tendrán lugar este año, el gasto destinado a los partidos políticos se mantiene y asciende a más de 3,800 millones de pesos; apenas 100 millones menos que en 2015, año en que hubo elecciones federales. O bien, el gasto de 400 millones 948 mil de pesos tan sólo de aguinaldo que se autoasignaron los diputados federales dentro del presupuesto federal 2016.
Con esto nuevamente exhortamos al gobierno federal a reflexionar acerca de la urgencia de atender la política nacional de prevención social de las violencias y la delincuencia. De la cual consideramos que es necesario lo siguiente:
- Atender a comunidades en riesgo, incluyendo acciones dirigidas a toda la población y orientadas a fortalecer la resiliencia en las personas y comunidades.
- Diseñar e implementar un programa nacional de salud mental comunitaria que atienda a toda la población, con énfasis en las víctimas de violencia.
- Que la definición de las zonas de atención del PRONAPRED se haga con base en la elaboración de diagnósticos participativos, a fin de actuar sobre los factores de la violencia que les son específicos.
- Impulsar la programación multianual de las acciones que en el marco del PRONAPRED lo requieran.
- Fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y contraloría ciudadana.
- Crear un consejo ciudadano que dé seguimiento a esta política.
Asimismo, ante los rumores sobre los nombres de posibles candidatas y candidatos a ocupar la titularidad de la Subsecretaría de Prevención, reiteramos nuestra propuesta de perfil que debería cumplir quién sea nombrado:
- Probada solvencia moral y vocación de servicio.
- Experiencia demostrada en el servicio público.
- Conocimiento teórico y técnico sobre el tema de prevención social de las violencias.
- Capacidad de interlocución y articulación con diversos actores sociales (gobierno, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía).
- Independencia de partidos políticos.
- Compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Qué ha sido del juicio contra Arturo Escobar?
Preocupa sobre manera la falta de información sobre qué ha sido del juicio contra Arturo Escobar. Una vez más se confirma que la justicia es selectiva en este país. Si bien no sorprende la decisión de la Juez Rosa María Cervantes de declarar improcedente la orden de aprehensión en contra de Escobar que solicitó la FEPADE, no deja de ser un hecho que hace cuestionable la ética con que operan “nuestros servidores públicos”.
Después de que esta Coalición solicitó a la Procuraduría General de la República la versión pública del pliego de consignación de Arturo Escobar, y a la Juez la versión pública de la resolución dictada, a la fecha nuestro derecho de acceso a la información pública no ha sido garantizado, pues según la Juzgadora la información solicitada es reservada, y la PGR nos mantiene en espera por solicitud de prórroga.
Consideramos que el enfriamiento del escándalo de Escobar, el silencio de la FEPADE, la resolución de la Juez y la posterior decisión de la FEPADE de no impugnar la resolución bajo el argumento de “considerar pertinente no agotar el medio de defensa previsto en la ley y subsanar los aspectos señalados por la autoridad jurisdiccional”, no es más que consecuencia directa de la campaña de amedrentamiento y desprestigio contra el Fiscal Santiago Nieto.
Ante estas interrogantes esperamos que las autoridades den una pronta respuesta a nuestras solicitudes.
Comité de Derechos Humanos Ajusco 