Comunicado de la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias.
- La negativa de orden de aprensión a Arturo Escobar pone en duda que gobierne el imperio de la ley y por el contrario, se perciba continúe la corrupción e impunidad.
- En ese contexto el PVEM vuelve a atacar con las mismas prácticas que lo llevaron a sanciones administrativas graves en las elecciones pasadas.
- Voceros del PRI y Verde pretenden exonerar a Arturo Escobar descalificando al Fiscal Electoral.
- Somos más de 45,000 personas que exigimos un juicio a Arturo Escobar por la comisión de delitos electorales.
- Exigimos que el proceso judicial en contra de Arturo Escobar agote todas las instancias pertinentes.
- Reiteramos nuestra lucha en pro de la recuperación efectiva de la política y programa de prevención social de las violencias.
- ¡Basta ya de violar las leyes y de utilizar a las instituciones públicas como herramientas político-electorales!
9 de diciembre del 2015
La campaña de desprestigio encabezada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con apoyo de algunos actores políticos de alto nivel y medios de comunicación masiva en contra del Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), argumenta supuesto conflicto de interés, omisiones curriculares y violaciones al debido proceso. Ha buscado desviar la atención de la ciudadanía e influir en el curso del proceso penal que se le sigue al PVEM y, en particular, a Arturo Escobar (ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana), por su probable responsabilidad en la comisión de varios delitos electorales, entre los que destaca la compra y distribución de 10 mil tarjetas Premia Platino utilizadas como medio de coacción del voto en las pasadas elecciones.
Esta es una práctica recurrente de un sector de nuestra clase política que se beneficia de las violaciones a las leyes, así como de controlar y manipular a las instituciones encargadas de velar por la aplicación de las mismas. Lo anterior ha mermado gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado mexicano, que hoy más que nunca necesitan refrendar su credibilidad.
Como Coalición rechazamos la práctica de denostar a quienes desde algún cargo público realizan su función y hacen un ejercicio cabal de sus atribuciones, interponiendo la máxima constitucional de igualdad ante la ley. El trabajo que la FEPADE ha venido haciendo en relación con el reciente proceso electoral, es un logro histórico para quienes confiamos en la importancia que tienen los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder.
Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos esta Coalición reprobamos tajantemente dicha campaña de desprestigio, que busca influir en el proceso penal que se sigue contra el partido político que más ha violado la ley electoral en la historia de nuestro país, y que actualmente suma sanciones administrativas por casi 600 millones de pesos.
La contratación de asesorías de miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) por parte de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión o de cualquier otra institución política o de gobierno, es un hecho normal y frecuente siempre que se dé conforme a la ley aplicable, por lo que no debe ser motivo de acusaciones infundadas.
Incluso debemos reconocer y celebrar que los legisladores busquen la asesoría de expertos en materia jurídica, pues su función principal es la expedición de leyes que afectan a todo el país, lo que requiere de especialistas en diversos temas.
Sabemos que varias consejeras y consejeros que se han desempeñado en los diversos órganos autónomos de Estado, incluso Ministros de la Suprema Corte de Justicia, en algún momento de su vida profesional han llevado a cabo actividades de asesoría en el Congreso y en las fracciones parlamentarias de los diversos partidos (PRI, PAN, PRD, PT, etc.). Esa situación no les impidió acceder a las posiciones que ocupan actualmente, ni puso en duda su capacidad, imparcialidad y profesionalismo para desempeñar sus cargos.
El hecho de que el titular de la FEPADE, como experto en legislación electoral,haya realizado labores de asesoría en el Senado de la República desde su posición de investigador del IIJ, no lo descalifica para ejercer con imparcialidad su función de fiscal en materia de delitos electorales.
La respuesta emitida por la Juez de distrito que niega la orden de aprensión a Arturo Escobar pone en duda que gobierne el imperio de la ley y por el contrario, se perciba continúe la corrupción e impunidad. ¡Vaya paradoja!, el día de hoy que se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.
Por lo anterior exigimos que:
- Se de continuidad al juicio contra Arturo Escobar por la probable comisión de delitos electorales que incluyeron la compra y distribución de 10 miltarjetas de descuento Premia Platino, utilizadas como medio de coacción del voto en las elecciones de julio del 2015;
- Se agoten todas las instancias en el proceso judicial que hay en contra de Arturo Escobar, exigiendo que ése se apegue conforme a Derecho a pesar de las presiones políticas; y Cese la campaña de descalificación encabezada por el PVEM, en contra del Fiscal y la institución que éste encabeza.
Rechazamos que quienes se han beneficiado de prácticas ilegales, pretendan seguir imponiendo sus intereses particulares sobre el funcionamiento de lasinstituciones electorales y de procuración de justicia.
La Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias no permitirá la reinstalación de Arturo Escobar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, ni en cualquier otro cargo público que se pague con nuestros impuestos. Y reiteramos nuestra lucha en pro de la recuperación efectiva de la política y programa de prevención social de las violencias.
¡Basta ya de violar las leyes y de utilizar a las instituciones públicas como herramientas político-electorales! 24-0 México, 24 horas sin violencia, A.C., ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C., AFLUENTES SC, Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Cauce Ciudadano, A. C., Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A.C., Circo Volador, A.C., ConArte!, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C., Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A. C., México Unido contra la Delincuencia; Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C., Organización Popular Independiente A.C., Proyecto Teatro Ensamble, Red Cívica Veracruzana (RECIVE), RIRIKI, Intervención Social S.C., Sin Fronteras IAP., Sociedad Cultural Miguel Hidalgo, Comité de Derechos Humanos Ajusco.
Contacto:
Ivan Gómez Elizondo
5590 8754 ó 5579 7413
Comité de Derechos Humanos Ajusco 