Intervención de Jesús Cruzvillegas del Comité de DH Ajusco en el evento “Derecho a defender los DH: hacia una política integral en el DF”

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De izq. a der. Jesús Cruzvillegas (Comité de Derechos Humanos Ajusco); Maribel Luna (Católicas por el Derecho a Decidir-México); Alberto Herrera (director de Change.org México); Aurora Cuevas (de la Subsecretaría de Gobierno del GDF).

 

21 de octubre de 2013.

Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Marx escribía que la humanidad sólo puede plantearse problemas que puede resolver, y el alemán no hablaba precisamente de las políticas públicas y del principio general que indica que para diseñarlas se requiere no sólo un análisis de la realidad, si no que éste sea certero, suficiente y concluyente.

Ahora las Ciencias Sociales miden la realidad con instrumentos demográficos y herramientas cuantitativas, son notables y valiosos estos análisis. Pero la realidad es más compleja de comprender, y los fenómenos políticos y sociales no se explican de manera unilateral y homogénea.

El movimiento de derechos humanos en México acumuló notables experiencias en dos terrenos principales: la denuncia social y la acción colectiva, y las personas defensoras de derechos humanos se formaron en esa tradición. Actualmente, las personas defensoras también se forman en las cortes, los tribunales, etc. incluso en licenciaturas y especializaciones en derechos humanos. La confluencia entre ambas tradiciones nos enriquece.

El contexto de violación de derechos humanos y la sistemática violencia contra las personas defensoras aumenta los costos de la acción colectiva, lo que haría pensar que a mayor capacidad del Gobierno para manejar la agenda, los recursos políticos y la represión, es menor la capacidad de la articulación y movilización.

Esa hipótesis es la que puede explicar muchos de los hechos recientes en el país y en la ciudad.

En este escenario, ¿quiénes son los aliados de los defensores? Cuántos acompañan el costo de la desmovilización y la violencia política hacia los movimientos sociales. Asumimos nuestra actividad con convicción y con muchas dificultades: financieras, legales, humanas y todo ello con el único objetivo de impedir que las historias de violencia gubernamental, política y social se reproduzcan y se repitan.

Elaborar documentos como el que hoy se presenta nos significa el reto de no ser autorreferenciales, de hacer menos complejo un entorno de por sí difícil de explicar. A veces es mejor un poco de autocrítica a tiempo que lamentarse por no encontrar resonancia afuera aunque nuestra voz sea legítima.

La innovación institucional en México ha dado lugar a la creación de espacios de participación como son los comités, consejos, comisiones, en donde la ciudadanía a través de las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno deciden qué hacer en temas de interés público.

Sin embargo, estos espacios públicos de interacción y acción coordinado suelen ser el objeto de la captura, es decir, de la cooptación o de la eventual negociación de las agendas por encima de los intereses de los representados.

Las personas defensoras, o cualquier ciudadano activo e interesado en lo público, suele afirmar que la política es una actividad ajena y que sólo los políticos entienden de política. No hay actividad más cotidiana al ciudadano que la política, porque la política es la acción de convencer, la posibilidad de resolver. Es preciso recordar al sociólogo Max Weber que afirmaba que el político actúa de acuerdo a fines o de acuerdo a medios, en esa diferenciación es que se puede juzgar la actividad política en general.

Comprender, más allá de índices y análisis estadísticos, es darle poner en el centro de la atención a las víctimas, no como una suma de agregados demográficos, y principalmente demostrarle que existimos personas con el único interés de defender y promover sus derechos, con la capacidad de sacrificar intereses personales o institucionales.

Para concluir: hace más de 15 años esperábamos que con el arribo del partido de izquierda a la ciudad se iban a garantizar el respeto a los derechos fundamentales y las libertades , actualmente ¿cómo podemos explicar entonces que este gobierno  lleve a cabo prácticas de violencia policíaca contra personas defensoras de derechos humanos?

Suponiendo que la política pública, aunada al mecanismo ya establecido y con una efectiva participación de la sociedad civil, resulten posibles ¿cómo garantizamos su viabilidad financiera y la vigilancia de su aplicación?

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